RES POLITICA MUNDIALIS - 2. ESTRATEGIAS BUKELIANAS

 

2. ¡NO DEBEMOS INVENTAR LA PÓLVORA!

ESTRATEGIAS BUKELIANAS A IMPLEMENTARSE EN EL PERÚ.

Por Joseph Abraham Villacorta Olano, M.D.

Paul Flores, apodado "El Russo", eximio vocalista de la renombrada agrupación de cumbia Armonía 10, vio truncada su prometedora carrera el 16 de marzo de 2025, víctima de un execrable atentado perpetrado contra el ómnibus que transportaba a la orquesta en la ciudad de Lima.

El infausto episodio acaeció en la madrugada, cuando el vehículo fue arteramente interceptado por dos motocicletas, cuyos ocupantes descargaron una ráfaga de proyectiles, ocasionando heridas letales a Flores. Este vil acto ha sido contextualizado dentro del ominoso incremento de la criminalidad y las prácticas extorsivas que flagelan a los conjuntos musicales en el país, fenómeno que ha suscitado inquietud y consternación en el gremio artístico.

El deceso de Flores ha generado un cúmulo de pesar y tribulación en el ámbito de la cumbia, donde su distintiva tesitura vocal y magnética presencia escénica le habían conferido un estatus de indiscutible relevancia. Su asesinato ha avivado el escrutinio público sobre la imperiosa necesidad de fortalecer las políticas de seguridad y desarticular las facciones delictivas que asedian a los artistas.

El cruel asesinato de Paul Flores no solo constituye una afrenta irreparable para el acervo musical nacional, sino que además evidencia la crónica inoperancia del aparato estatal frente al asedio del hampa organizada. La desidia institucional y la incapacidad estructural de las entidades competentes han permitido la proliferación de estas facciones delincuenciales, cuyo accionar impune evidencia una preocupante erosión del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado.

El Ministerio del Interior, en su rol de ente rector de la seguridad ciudadana, y la Policía Nacional del Perú, como brazo ejecutor de la política de orden interno, deberían erigirse en baluartes contra la delincuencia. No obstante, la reiteración de atentados contra agrupaciones musicales pone en entredicho la eficacia de sus estrategias de disuasión y contención. La proliferación de redes extorsivas que operan con impunidad sugiere una claudicación del poder coercitivo del Estado en determinados sectores, lo que deviene en un menoscabo del Estado de derecho.

Las autoridades, en su retórica oficialista, enuncian operativos y medidas de emergencia que, en la praxis, resultan endebles y efímeras. Sin una reformulación estructural de las políticas de seguridad, el crimen organizado continuará socavando la institucionalidad, y la ciudadanía permanecerá en un estado de indefensión que deslegitima el contrato social en el que se fundamenta la gobernabilidad. La cuestión medular persiste: ¿cuánto tiempo más el sector artístico y la sociedad en su conjunto seguirán sometidos a la arbitrariedad delictiva, mientras el Estado se mantiene en una postura de letargo burocrático e inacción sistemática?

El paradigma "bukeliano" en materia de seguridad pública se erige como un modelo de gobernanza punitiva, caracterizado por la supresión de garantías constitucionales, la maximización del poder coercitivo del Estado y la implementación de un estado de excepción de facto como instrumento de control del orden interno. Su despliegue ha materializado una ingeniería represiva, cuya efectividad en la reducción de índices delictivos ha sido ponderada, aunque no exenta de objeciones desde el prisma de los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad jurídica.

La extrapolación de este esquema al contexto peruano implicaría una serie de reformas estructurales en el aparato de seguridad y justicia, tales como:

Reconfiguración del marco normativo penal, con el endurecimiento de penas y la flexibilización de criterios para la detención preventiva.

Militarización del orden público, con la asignación de facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad organizada.

Consolidación de un régimen penitenciario de alta contención, con mega prisiones orientadas al confinamiento masivo de reclusos bajo un régimen de restricción severa.

Supresión parcial de derechos y garantías procesales, con la instrumentalización del estado de emergencia como mecanismo de respuesta inmediata ante la violencia delictiva.

El dilema esencial radica en la tensión entre seguridad y libertades individuales, pues la institucionalización de políticas de mano dura exacerbada podría derivar en un déficit democrático y en una desnaturalización del Estado de derecho. Si bien la efectividad pragmática de estas estrategias es incuestionable en términos de disuasión criminal, su sostenibilidad a largo plazo y su compatibilidad con un modelo republicano de gobierno siguen siendo objeto de escrutinio y controversia.

¡NO DEBEMOS INVENTAR LA PÓLVORA!

¡MANOS A LA OBRA YA!

30 de marzo 2025